Colombia Normatividad eficiencia energética y uso de energías alternativas

El Decreto 2811 de 1974 reglamentó el Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del Medio Ambiente.

El artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. El artículo 334 prevé que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado y éste intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales.

Con motivo de las recomendaciones de las conferencias intencionales sobre el ambiente, Colombia adoptó la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación, que estableció como un fin de ella misma la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y  mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida y del uso racional de los recursos naturales. Con esto, obligó a transversalizar los currículos ambientales en la educación básica escolar.

Los numerales 32 y 33 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993  le asignan al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la función de promover planes de reconversión industrial ligados al uso de tecnologías ambientalmente sanas, y de promover programas de sustitución de los recursos naturales no renovables, para el desarrollo de tecnologías de generación de energías no contaminantes ni degradantes.

El artículo 11.4 de la Ley 142 de 1994 establece que las entidades prestadoras de servicios públicos deben informar a los usuarios sobre la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el servicio público respectivo.

Con la Ley 164 de 1994, Colombia ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo fin es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Años más tarde, en la Cumbre de Johannesburgo, confirmó que el acceso a la energía facilita la erradicación de la pobreza y que para esto se deben incluir medidas globales relacionadas con su uso racional y eficiente – URE, con las fuentes no convencionales de energía – FNCE, la diversificación de fuentes energéticas y la promoción de la investigación y desarrollo en tecnologías de uso eficiente de energía.

La Ley 697 de 2001 fomenta el uso racional y eficiente de la energía – URE y promueve la utilización de energías alternativas en Colombia. La Ley considera el URE como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional y fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. La Ley 697 de 2001 se refirió a las fuentes no renovables de energía – FNCE como las fuentes disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente (…) estas fuentes están representadas principalmente por las llamadas fuentes renovables, que son energías que se regeneran o no se agotan, como el sol, el viento, el agua (pequeñas caídas de agua, olas, mareas, y diferencias de temperatura en los océanos), la biomasa y el calor de la tierra. (…) y la energía nuclear.

En el año 2000 el Estado Colombiano tomó medidas tributarias para contribuir a la adopción del uso de las fuentes no renovables de energía – FNCE, a través de las rentas exentas por 15 años a la venta de energía eléctrica generada con base en las FNCE. La Ley 288 de 2002 creó incentivos tributarios para las inversiones en proyectos de energías renovables. Igualmente, el Documento CONPES 3242 de agosto de 2003 dio los lineamientos de política para promover la participación competitiva de Colombia en el mercado de reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero.

La Ley 693 de 2001 planteó el uso obligatorio de los alcoholes carburantes – oxigenantes, mezclándolos con la gasolina de los automotores y fue reglamentada a través del Decreto 447 de 2003 que definió la calidad del alcohol carburante y de las gasolinas oxigenadas. La Resolución 180687 de 2003 estableció los requisitos técnicos y de seguridad en la producción, almacenamiento, distribución y mezclado de alcoholes. La Resolución 180836 de 2003 definió la estructura de los precios de la gasolina oxigenada y del alcohol carburante.

El Decreto 3683 de 2003 reglamentó la Ley 697 de 2001, creó la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía (CIURE), del cual hacen parte el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, COLCIENCIAS y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE.  El Decreto 3683 de 2003, también creó el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales – PROURE, adscrito al Ministerio de Minas y Energía.

La Resolución 180919 de 2010  adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No Convencionales – PROURE.

La norma técnica Colombiana NTC-ISO 50001 es un estándar internacional de gestión de la energía destinado a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero y otros impactos ambientales.   Establece los sistemas y procesos para mejorar el desempeño energético dentro de las organizaciones, en donde se incluye el uso racional y eficiente de la energía.

La Ley 1715 de 2014 regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Esta Ley, recién promulgada, será objeto de reglamentación por parte del Ministerio de Minas y Energía.

 

 

Sin el buen uso de la energía no habrá desarrollo sostenible: Roberto Hinestrosa Rey

Nos sentamos una tarde a conversar con el Concejal de Bogotá y Decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Roberto Hinestrosa Rey.

Un hombre público, sin duda. Ha sido viceministro de justicia, jefe de gabinete del Departamento de Cundinamarca, Procurador Delegado, primero para la Economía y la Hacienda Pública y luego Procurador Delegado ante las Entidades Territoriales y los servicios públicos domiciliarios. También fue y es miembro de varias juntas directivas del sector minero – energético, y de distintas asociaciones de promoción del territorio y de fomento de políticas públicas. Abogado con maestrías en asuntos financieros.

Vamos al grano.

AidTerritorial: ¿Por qué usted es uno de los abanderados de la eficiencia energética y de las fuentes no convencionales de energía?

RHR: Sin energía no hay desarrollo. Quienes gozamos del servicio de energía eléctrica no concebimos un día sin ella. Escuchar la radio, ver televisión, usar un teléfono móvil –con o sin datos, la nevera, el horno, la tostadora, la estufa, el calentador de agua, el computador. Todo requiere de energía eléctrica.

La demanda de energía crece exponencialmente. Para atenderla, se necesita generar mayor disponibilidad, sea produciéndola, ahorrándola o disminuyendo sus pérdidas.  Así, la eficiencia energética es una herramienta que nos permitirá disponer en el futuro de aquella energía que hoy, además de ser malgastada, tiene impactos negativos sobre el ambiente por el  mal uso de los recursos no renovables, de la emisión de gases efecto de invernadero y del vertimiento de fluidos contaminantes.

Está demostrado que la seguridad energética de los países es pilar de bienestar social. La energía es desarrollo, es acceso al agua potable, a los alimentos, a las comunicaciones, al transporte, a la cultura y esparcimiento. Una matriz energética limpia y gestionada de manera inteligente aumenta la competitividad, fortalece la industria, genera empleo y reduce la inestabilidad de los precios y genera fiabilidad en el mercado de la energía, componente que hasta ahora se tiene en cuenta en los cálculos financieros y de planificación pública y privada.

AidTerritorial: ¿Cuál es el panorama de la eficiencia energética y el uso de las FNCE en Colombia?

RHR: La matriz energética colombiana de generación de energía eléctrica se considera  limpia. Pero dista mucho de ser una matriz energética eficiente. No sólo se trata de la forma como se produce o genera la energía. El uso eficiente en los hogares, el comercio, la industria y el transporte, entre otros, son parte de esa matriz. De la inteligencia en  producir, gestionar y administrar la energía depende la riqueza energética de Colombia.

Las políticas públicas del gobierno nacional apuntan al desarrollo bajo en carbono y la planeación del sector energético prevé evitar que el crecimiento del país lleve a un desabastecimiento de energía. Al contrario; la planeación de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME del Ministerio de Minas y Energía, demuestra que Colombia no sólo es capaz de autoabastecerse y diversificar su matriz energética mediante el uso y adaptación de tecnologías eficientes sino que también el país es también clúster energético en América Latina y está concebida la exportación de energía y energéticos del colombianos por lago tiempo.

AidTerritorial: ¿Cómo se financia el salto tecnológico que implica la Inteligencia Energética en Colombia y cuáles son las barreras gestionar el uso eficiente de la energía y de las fuentes no convencionales de energía?

Es un sistema complejo, basado en el ahorro y por ende en la eficiencia.  El esquema financiero se basa en que hay recursos de la cooperación internacional, de la banca multilateral y del Estado para que la banca de primer piso le otorgue créditos a bajas tasas de interés a empresas y personas para que estas realicen los ahorros y por ende, generen  la eficiencia del sistema de energía eléctrica.

Existen incentivos tributarios explícitos para las inversiones en eficiencia energética y FNCE, también recursos de cofinanciación para la investigación que contengan componentes ambientales y tecnológicos, en donde cabe la eficiencia energética y las energías alternativas.

Sin embargo, el ritmo de adaptación y uso de las tecnologías en Colombia aún no está alineado con el acelerado descubrimiento de las múltiples opciones para el ahorro de energía. Lo anterior no permite tener claridad sobre el panorama para la inversión, aunque esté comprobado que los programas de eficiencia energética son una estrategia efectiva en función del costo, en el corto y mediano plazo.

También hay fuentes de financiación multilateral y del gobierno nacional para inducir a la eficiencia energética  que no han sido colocados “eficientemente” en el mercado de capitales colombiano.

Las barreras que limitan el financiamiento masivo de proyectos están relacionadas con vacíos en conocimientos de carácter normativo, técnico, ambiental y de eficiencia energética del mercado financiero, que redundan  en percepciones injustificadas del riesgo  y se traducen en altas tasas de financiación. Además, el éxito de una política de eficiencia energética no se trata sólo de tasas atractivas para los inversionistas y de fuentes de fondeo de mediano y largo plazo, también incluye estrategias de comunicación y socialización y requiere de fondos de asistencia técnica asociada a la viabilidad de los proyectos.

AidTerritorial: ¿Cuál es la percepción generalizada de sobre la eficiencia energética?

Desde la óptica empresarial hay desconocimiento general sobre el ahorro efectivo y el impacto positivo en la vida útil de la maquinaria industrial, la mejora de la productividad, la competitividad y la reputación. Las iniciativas de eficiencia energética del sector privado requieren de modelos financieros que enuncien los beneficios a empresarios y también a banqueros y financiadores.

También para los empresarios, los proyectos energías no convencionales y de eficiencia energética se pueden pagar con los ahorros generados, pero les supone grandes riesgos cuando las instalaciones de equipos especialmente diseñados para su industria se constituyen en activos fijos y que no pueden ser retirados de los estados financieros en caso de incumplimiento de las expectativas generadas en torno al ahorro del uso de la nueva tecnología.

Para hogares y comercio las dificultades son mayores. El promedio de uso de electrodomésticos es de 10 años y muchos de ellos tienen fallas. La promoción del cambio tecnológico debe estar ligada a campañas de sociabilización de la estrategia, educación ambiental y motivación por el ahorro. Las luminarias tradicionales y de alto voltaje representan un desperdicio enorme pero su cambio requiere de gran inversión en familias de bajos recursos.

AidTerritorial: ¿Y el Estado cómo participa de la eficiencia energética?

RHR: Se requiere de la participación de la administración pública nacional, regional y local en las estrategias del salto tecnológico y uso racional de la energía en sus sedes administrativas e instalaciones y empresas públicas y mixtas. Para ello deben ajustarse las normas para que le permitan al Estado hacer contratos de concesión temporal para la actualización y optimización de las instalaciones eléctricas.

La eficiencia energética del alumbrado público es otro tema que debe ser apoyado en materia financiera y normativa.

De otra parte, la eficiencia energética genera beneficios sociales para los estratos bajos, quienes deben pagar un menor precio por el consumo de energía  de electrodomésticos eficientes.

AidTerritorial: ¿Cuál es su papel como educador? ¿Qué hace la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad externado de Colombia en materia de eficiencia energética?

RHR: Es una gran tarea. Debemos educar a la gente del común, hogares, empresarios y a los jóvenes estudiantes para el correcto consumo y utilización de energía.

Las universidades y los centros de educación superior se involucran en la formación de capacidades en las distintas áreas del conocimiento. La eficiencia energética le compete a varios profesionales y técnicos.

La Universidad Externado de Colombia acompaña el análisis jurídico, económico, social y ambiental alrededor de los asuntos de la  energía desde hace varias décadas.  Existen programas académicos, cursos de alta gerencia, de especialización y de maestrías en desarrollo, en formulación de proyectos, servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones, desarrollo minero energético, cooperación y formulación de proyectos de desarrollo, industria extractiva, vigilancia y desarrollo sostenible, y ahora uno específico sobre la gestión financiera de la eficiencia energética.

En 2012 la Universidad Externado de Colombia acudió al llamado que hiciera la UPME y ANDESCO a la cooperación internacional, al sector financiero colombiano y a la academia para integrar estrategias de eficiencia energética en los currículos del pregrado, posgrado y de educación continua de la facultad de Finanzas, Gobierno  y Relaciones Internacionales.

Y así lo hemos hecho. Formamos profesionales con conocimientos financieros,  administrativos, gerenciales y de política pública,  que están en la capacidad de generar los modelos que demuestren las razones sociales y económicas (costos, gastos, ahorro y retorno de la inversión, etcétera) a la pequeña, mediana y gran industria, y a los comercios y hogares, con el fin de incorporar dichas variables a los presupuestos de gastos y de inversión

Hoy la Universidad Externado de Colombia hace parte de la Cámara Colombiana de la Energía, con quien el Ministerio de Minas y Energía firmó un convenio de cooperación para promover la eficiencia energética y apoyar la creación y puesta en marcha de la Agencia Nacional de Eficiencia Energética

La Universidad entendió el llamado del gobierno y del sector eléctrico  y educa a sus estudiantes, profesionales, docentes e investigadores, además, para contemplar la energía como motor de desarrollo, la eficiencia energética como inversión, las energías limpias como futuro energético y la inteligencia energética como la construcción conjunta del conocimiento y puesta en práctica entre todos nosotros.

 

Llegó la hora para la eficiencia energética y las energías limpias en Colombia

Por: Juan Carlos Rosero Gómez

La eficiencia energética (EE) es una de las mayores fuentes de energía del siglo XXI, equivalente a si la ciencia descubriera una nueva fuente de energía que lograra satisfacer entre el 15% y 20% de la demanda global, a un costo prácticamente nulo y sin ningún impacto medioambiental (Constance, 2014). Tanto los gobiernos como las empresas, la banca, la ingeniería y los fabricantes de tecnología tienen claro que este es un eje para la transformación productiva y el desarrollo sostenible.

La utilización de las fuentes de energía limpias (llamadas en Colombia Fuentes de Energía No Convencionales Renovables o FNCER) es por su parte, una necesidad creciente en los países comprometidos con metas de obligatorio cumplimiento en reducción de emisiones potencialmente generadoras de calentamiento global.  En otros países, es una condición de supervivencia por ser especialmente vulnerables al cambio climático, como es el caso de Colombia, dada la ubicación de su población en zonas inundables de las costas y suelos inestables en las cordilleras y la alta recurrencia y magnitud de desastres asociados al clima (IDEAM, 2010).

Colombia parece estar lista para enfrentar estos desafíos. Desde hace más de una década existe la Ley 697 de 2001 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía y se promueve la utilización de energías alternativas; el Decreto 3683 de 2003 creó la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía (CIURE); el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) adoptó el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales (PROURE); se expidió en mayo la Ley 1715 de 2014  “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”; la banca pública, la banca multilateral, las agencias de cooperación y la banca privada han destinado varios cientos de millones de dólares por año a programas de eficiencia energética.

También las empresas parecen estar enfocadas. Más de 410 empresas han firmado el Pacto Global de las Naciones Unidas, en cual el medio ambiente es uno de sus 10 principios fundamentales; al menos 37 se han comprometido con el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia como miembros del World Business Council for Sustainable Development; el gobierno nacional impulsa la creación de una agencia nacional de eficiencia energética y la investigación en ciencia, tecnología e innovación en generación con fuentes no convencionales de energía renovable en las Zonas No Interconectadas (ZNI); los gremios de la industria han firmado compromisos de entendimiento y desarrollo de casos demostrativos y todo prestador de servicios públicos de energía está obligados por la Ley a promover el uso racional y eficiente de la energía, en el desempeño de su objeto social.

Sin embargo, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), formulada en 2010 sobre el supuesto de que Colombia ya era un país carbono-eficiente (lo anterior considerando que para 2008, el 84% de la generación provenía de fuentes consideradas “limpias”) interpretó otras señales, por las cuales los sectores del transporte y agrícola requerían una atención prioritaria para la formulación de las Medidas Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA). Esto era parcialmente cierto, pero se desestimaron los costos ambientales y sociales asociados a la construcción de grandes hidroeléctricas y los mecanismos de subasta de energía firme con ganadores a base de combustibles fósiles; a nivel global, la industria, incluidos los edificios industriales, es responsable del 33% de todo el consumo energético, seguida por el transporte con 28%, el consumo residencial con el 21% y los edificios con el 18%; si se suman la industria, el residencial y los edificios comerciales, tales como oficinas, escuelas, hospitales y tiendas, se tiene el 72% de todo el consumo energético (Schneider Electric, 2014).

Interpretaciones como estas, pudieron haber retrasado innecesariamente el desarrollo de políticas y regulación enfocadas en la eficiencia energética y las FNCER. Así, mientras los mercados maduros incluyendo Norteamérica y Europa, con creciente demanda energética y recursos limitados, desarrollaron su  legislación para reducir la demanda, abrir alternativas y mejorar la seguridad energética, en Colombia, la EE no cuenta hoy con incentivos de orden regulatorio, fiscal o ambiental efectivos y las FNCER se han limitado como soluciones de innovación para las ZNI del país, en donde sólo los costos de la ineficiencia pueden absorber los costos de la tecnología.

La necesidad de actuar en el corto plazo no podría ser mayor. El IDEAM (2014, 10 de marzo) ha alertado que las probabilidades de enfrentar un Fenómeno del Pacífico (conocido también como Fenómeno del Niño) especialmente seco en el segundo semestre de 2014 han superado el 50%. Aún están frescos los efectos de las señales atípicas de deterioro climático en los Llanos Orientales y la costa Atlántica del país en el primer trimestre del año, y el país reclama que las estrategias de adaptación al cambio climático pasen de la reacción a las crisis, al establecimiento proactivo de medidas definitivas y sostenibles.

¿Por qué, entonces, en Colombia no se nota un boom de proyectos que busquen como objetivo una producción más eficiente en términos de energía? ¿Por qué las empresas no toman decisiones enfocadas en la sustitución de fuentes de energía ambientalmente costosas por fuentes renovables? ¿Por qué no se evidencia un incremento sustancial de la participación de las fuentes sostenibles de energía en la canasta energética del país? ¿Por qué no hay más empresas en el país invirtiendo en reconversión industrial e innovando mediante la suscripción de contratos de riesgo compartido con especialistas de talla mundial?

La hipótesis a probar es que existe un motivador fundamental de las decisiones de los empresarios, la cual consiste en la búsqueda racional de la rentabilidad. Si los empresarios dejaran de tomar sus decisiones basados en este principio, la sostenibilidad de la economía quedaría comprometida; de igual manera, mientras los empresarios inviertan en conservación y eficiencia como un valor al margen de sus utilidades, sin aprovechar la potencia de generar desarrollo conjunto con su entorno mediante principios de valor compartido, sus proveedores, clientes y comunidad carecerían de sostenibilidad.

Es necesario abordar la EE y la profundización de la participación de las FNCER desde estas dos perspectivas. Entre tanto, la ingeniería, la metodología y las fuentes de financiación ya hacen parte del estado del arte. Se necesita una gerencia financiera de la economía energética capacitada para identificar, valorar y optimizar los costos y beneficios de la inversión, el período de recuperación o payback de lo invertido y sus costos asociados, el aumento de la productividad resultante, el aumento de la competitividad, los impactos en la sostenibilidad y las proyecciones de crecer conjuntamente el negocio con sus proveedores, clientes, comunidades y medio ambiente de interés.

Esta dinámica puede ser liderada por el ejemplo demostrativo del Estado. Todos los edificios públicos nuevos pueden ser sujetos de una política de edificación bajo estándares de sostenibilidad, mientras que cientos de edificios antiguos pueden ser remodelados y certificados, como parte de las metas del presupuesto público y el nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018. Entre tanto, servicios como la implementación de procesos de gestión de energía bajo el estándar de la norma ISO 50001 de eficiencia energética y certificación de buenas prácticas mediante estándares, regulaciones y protocolos de medición y verificación serán una necesidad pública en los próximos años.

Todos estos son drivers que pueden conducir a un verdadero auge de la eficiencia energética y el uso de fuentes no convencionales renovables de energía en el país, para lo cual se requiere el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, en alianza con el sector productivo, la academia, las empresas los gremios y las instituciones al frente del aseguramiento de la calidad, el management y los procesos.